Guillermo Garcia
Yeni Berenice Reynoso asegura que los fiscales buscarán en los tribunales las penas que corresponden a los hechos graves cometidos en el SeNaSa por Santiago Hazim y los demás judicializados
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reiteró este martes, de manera enfática, que el Ministerio Público no le ha otorgado criterio de oportunidad ni tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los 10 judicializados por corrupción administrativa a partir de la Operación Cobra.
“Es importante reiterar que el Ministerio Público no tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los diez procesados en el caso conocido como Operación Cobra, ni le ha otorgado criterio de oportunidad, y, reitero, no tiene en este momento acuerdo de culpabilidad”, dijo Reynoso.
Reiteró que el Ministerio Público buscará que los tribunales establezcan las penas correspondientes a los diez acusados. “Va a ir por penas”, dijo. Además, “que deben ser sancionados por los hechos tan graves cometidos contra más de 7 millones de afiliados (al SeNaSa) y toda la sociedad dominicana”.
La procuradora se refirió al tema al responder preguntas de periodistas que la abordaron al dejar inaugurado el centro integral de acceso a la justicia del Ministerio Público que tendrá la Fiscalía Comunitaria, un Juzgado de Paz, una Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, además de una Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.
Reynoso reiteró que los equipos de fiscales, en especial los de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y los de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), siguen trabajando “sin descanso” en lo que sería la parte 2.0 de la Operación Cobra que hace frente a la estructura de corrupción administrativa que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y, por consiguiente, a sus más de siete millones de afiliados.
“Nunca el Ministerio Público da una fecha; por razones evidentes y estrategia de persecución no podemos precisarlo, decimos que estará en un plazo razonable”, indicó, al responder a los periodistas.
En torno a los alegatos de salud de los imputados, recordó que “no hay ningún informe forense, como ha dicho el Ministerio Público, que establezca que el imputado Santiago Hazim no tenga condiciones de salud para enfrentar un proceso”.
“Y como hemos dicho en otras ocasiones, el que tiene salud para distraer fondos del Estado, tiene que tener salud para enfrentar la justicia, más ante hechos tan graves como los que ocurrieron en el Seguro Nacional de Salud”, indicó.
Sobre la medida de coerción menos gravosa impuesta por el juez para los tres imputados que guardan arrestos domiciliarios, con impedimento de salida del país y con el pago de fianzas a través de una aseguradora y con bienes inmuebles en garantía, sostuvo que lo más importante es que el Ministerio Público mantiene su ritmo de trabajo en una investigación profunda en la que lleva meses, sin descanso y en muchas jornadas trabajando de sol a sol”.
Resaltó que el equipo de fiscales ha amaneciendo y “sigue en ese mismo ritmo de trabajo”.
“Y creo que en la medida (de coerción) se refleja ese gran trabajo y el juez mismo reconoció la fortaleza y la calidad de la investigación, pero, contra estos 10 imputados, más otros que han de venir», dijo la procuradora general de la República.
El pasado domingo, el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró como de tramitación compleja el caso presentado por el Ministerio Público a raíz de la Operación Cobra.
El juez impuso 18 meses de prisión preventiva a los imputados Santiago Marcelo F. Hazim Albany, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speaker Mateo. Mientras, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella deben guardar prisión domiciliaria, presentar garantías económicas (con fianzas y bienes inmuebles) y abstenerse de abandonar el país.
