SANTO DOMINGO, RD. – El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) magistrado Ygnacio Pascual Camacho y los jueces titulares Rosa Pérez de García, Fernando Fernández Cruz y Pedro P. Yermenos Forastieri, juntos a servidores del tribunal recibieron este jueves la capacitación sobre la Resolución 002-2021 de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que dispone la creación de un portal único de transparencia.
La actividad educativa tiene como objetivo actualizar el portal de transparencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), conforme a la nueva resolución que reúna estándares de calidad únicos, donde debe figurar las informaciones requeridas en la Ley de Libre Acceso a la Información.
La capacitación fue impartida por la directora de Transparencia y Gobierno Abierto de la DIGEIG, Elizabeth Díaz de Oviedo, y coordinada por la directora de Acceso a la Información del TSE, Celsa Contreras.
La Resolución de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Número 002-2021, crea el Portal Único de Transparencia y establece las nuevas políticas de estandarización de las divisiones de transparencia.
“Se dispone la informatización y la incorporación al sistema de comunicación por Internet, o a cualquier otro sistema similar que en el futuro se establezca, de todos los organismos públicos centralizados y descentralizados del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los Municipios, con la finalidad de garantizar a través de éste un acceso directo del público a la información del Estado”, precisa el artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información.
De acuerdo a la ley todos los poderes y organismos del Estado deberán instrumentar la publicación de sus respectivas «Páginas Web» a los siguientes fines: Difusión de Información: Estructura, integrantes, normativas de funcionamiento, proyectos, informes de gestión, base de datos; Centro de Intercambio y Atención al Cliente o Usuario: Consultas, quejas y sugerencias.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), es un organismo creado mediante el Decreto 486-12, en el año 2012, tiene la finalidad de ser el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental.
