Guillermo Garcia
DAN COMPÁS DE ESPERA Y SUSPENDEN RUEDA DE PRENSA
A partir de mañana lunes se inicia un proceso de diálogo entre los empresarios chinos, afectados con el cierre de negocios y las autoridades para llegar a un posible acuerdo y estos puedan abrir sus tiendas, informó el abogado Salvador Catrain.
Dijo que recibió una llamada de las autoridades competentes y que fue convocado junto a los empresarios chinos a una reunión este lunes a las 10:00 de la mañana por lo que decidió posponer la rueda de prensa.
“Entendemos que va a comenzar un proceso de diálogo que definitivamente garantice la posición que ha asumido el MIVHED y por el otro lado los derechos de las empresas china que representa”, dijo el abogado Salvador Catrain.
Exhortó a que a partir de mañana permanezca atento, porque se estaría anunciando la solución o el tipo de solución que se pretende arribar con el conflicto y en su defecto expondrá su posición en defensa de los intereses de los empresarios chinos que representa.
“Nosotros representamos intereses, el diálogo, la conversación, los acuerdos consesuados son la mejor forma de arribar a una solución a este tipo de conflicto”, dijo el abogado.
No reveló con quién se reuniría este lunes y agradeció a los medios de comunicación su interés por el caso y se comprometió a informar a la opinión pública el curso de la reunión.
El pasado 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) ordenó el cierre de la tienda SUPLAX, en el Distrito Nacional y otras en el interior del país, alegando una supuesta falta de licencia de construcción. Posteriormente, esta medida fue extendida a nueve establecimientos adicionales de origen chino, sumando un total de once comercios afectados.
“El MIVHED actuó de manera arbitraria y sin competencia, vulnerando derechos fundamentales de empresarios que operan conforme a la ley. Estas acciones carecen de sustento jurídico y afectan gravemente la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera en el país”.
El cierre de los establecimientos se ha evidenciado una falta de transparencia por parte del MIVHED y una persecución selectiva.
Todas estas tiendas, legalmente constituidas, cuentan con permisos municipales y medioambientales vigentes. Han operado durante más de un año, generando empleos directos e indirectos y contribuyendo significativamente al desarrollo económico y comercial de las comunidades donde están establecidas.
El MIVHED actuó sin agotar el debido proceso administrativo y sin contar con la competencia legal para ordenar el cierre o la paralización de establecimientos ya edificados, establecidos y en funcionamiento, conforme a la normativa vigente.
En estos casos, la autoridad competente es el ayuntamiento correspondiente, que debe proceder a través del Juzgado de Paz, otorgando a las partes un plazo razonable para regularizar su situación o, en su defecto, dictar medidas proporcionales sustentadas en informes técnicos que determinen un riesgo real o una afectación al interés público.
En una reunión convocada por la institución con comerciantes chinos, se presentó un supuesto informe de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONISVIE), que fue realizado el 17 de septiembre, que se prometió entregar formalmente a las partes interesadas. Sin embargo, dicho documento nunca fue facilitado, pese a los múltiples acercamientos realizados.
Ante esta negativa, las empresas se vieron obligadas a solicitar el informe mediante el mecanismo de acceso a la información pública. Esta situación ha entorpecido los procesos de defensa y regularización de las empresas involucradas. Del mismo modo, las empresas afectadas denunciaron que el cierre fue ejecutado el 8 de septiembre, sin que existiera ningún informe técnico que lo justificara, ya que el informe de ONISVIE es del 17 de septiembre de 2025.
Se supo que todas las empresas afectadas cuentan con certificaciones emitidas por las instituciones competentes, que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, además de su compromiso con la responsabilidad social empresarial y la generación de empleo formal en el país.
Ante las irregularidades, los representantes legales interpusieron un recurso contencioso administrativo, ante el Tribunal Superior Administrativo, acompañado de una solicitud de medida cautelar, con el propósito de suspender los efectos de las decisiones emitidas por el MIVHED hasta tanto el tribunal conozca el fondo del caso.
La audiencia está fijada para el 16 de octubre de 2025, se conocerá de forma virtual, donde esperan demostrar que las actuaciones del Ministerio carecen de base legal, técnica y constitucional. Con esta acción, se busca restablecer la legalidad, proteger los derechos empresariales y preservar la seguridad jurídica, pilares esenciales para mantener un ambiente de inversión estable y transparente en la República Dominicana.
Las empresas chinas se encuentran en un proceso activo de formalización, en cumplimiento con todos los requisitos establecidos por la ley. Para ello, ya han contratado técnicos estructuralistas certificados por el MIVHED, quienes trabajan junto a ingenieros y asesores legales en la adecuación técnica de los locales, garantizando la plena regularidad de las operaciones.
Empleos en riesgos
Más de tres mil empleos se encuentran en riesgo debido a estos cierres, además de una importante contribución fiscal que el Estado dominicano está dejando de percibir. Lo más preocupante es el impacto sobre la población consumidora, ya que estos comercios son reconocidos por ofrecer productos a precios accesibles, beneficiando directamente a los hogares dominicanos y contribuyendo a la libre competencia del mercado.
Los representantes legales exhortaron al MIVHED y al Estado dominicano a abrir un proceso de diálogo constructivo, permitiendo que las tiendas afectadas puedan operar durante el proceso de cualquier tipo de corrección, otorgando un plazo razonable para su conclusión.
De esta manera, se evitarían daños económicos innecesarios, pérdida de empleos y se fomentaría un clima de cooperación, legalidad y estabilidad empresarial.
