El abogado penalista Manuel Sierra (Manny) calificó hoy como un acto de corrupción los acuerdos que ha llegado el Ministerio Público en el denominado Caso Calamar con el empresario Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y Fernando Crisóstomo.
“Eso no es más que un acto de prevaricación. Porque si pecaminoso es lo que ellos han estado denunciando y percibiendo, mucho más pecaminoso es que esa gente, consciente de lo que están haciendo, se estén prestando hacer lo que la ley ni siquiera le permite”.
Indicó que jamás la Procuraduría General de la República y la Dirección de Persecución de la Corrupción debieron premiar con un acto de impunidad a implicados en el caso Calamar.
“Si yo llego a ser un funcionario en un nuevo gobierno, anulo todos esos contratos y someto a los negociadores por actos de corrupción”.
Aseguró que esos contratos no entra en lo que establece el artículo 370 del Código Procesal Penal, no entra en el artículo 34 del Código Procesal Penal y tampoco entran en el artículo 183 del Código Procesal Penal, que es algún nivel de facilidad que tiene el Ministerio Público para negociar, pero es para negociar apegado al principio tribunal y es lo que no está ocurriendo. “Es un acto de prevaricación”.
“No es verdad que el Código Procesal Penal le permite al Ministerio Público llegar a estas concesiones”.
Aseguró que el artículo 370 del Código Procesal Penal señala que cuando se trata de actores de primera línea el Ministerio Público puede amainar la pena, pero jamás premiarlo con un acto de impunidad, dijo en declaraciones ofrecidas al programa Zol de la Mañana, que proceden el periodista Julio Martínez Pozo, Euri Cabral y María Elena Núñez.
Dinero se queda en el camino
Dijo que la supuesta devolución de dinero en efectivo hay una parte que nunca va a ingresar a las arcas del Estado.
Aseguró que se queda en el camino, en manos “unos profesores”, es un acto de prevaricación también, porque la oficina y el presidente de la República, don Luis Abinader Corona, lo designó, mediante un decreto.
El presidente de la República no puede dar decreto a nombre del Estado dominicano a una oficina de abogado particular, para prestar un servicio público, ya eso está sometido al procedimiento de la ley 340, ya que ese tipo de servicio debe ir a Contrataciones Públicas.
Indicó que a Pancho Álvarez de Hedrick y Rizí, que es lo mismo, Pancho Álvarez y Participación Ciudadana en ocasión de un contrato con la DGII se lo anuló porque efectivamente él no había ido a compra y contrataciones y ese tipo de servicios necesariamente no es verdad, de que ese tipo de contratos es parte de la confianza del cliente como afirmara Carlos Pimentel en una intervención desde la ciudad de Nueva York.
Dijo que eso se trata de personas privadas, nunca cuando se trata del Estado, porque el Estado tiene que someterse a esas discusiones públicas para que otras oficinas y otras partes interesadas participen de esos concursos y puedan postular.
“De manera que ese es otro acto de corrupción. Pero lo criticable es que el presidente de la República emite un decreto”, precisó el abogado.
Ese decreto, ese grupo de abogados lo está asimilando a un contratado.
Manifestó que el abogado es una persona de confianza, un profesional de confianza, eso es en el aspecto privado, pero jamás en el aspecto público. Expresó que el Estado dominicano no puede tener confianza.
“Lo que tiene que tener es claridad y hay una ley para eso. Entonces, estos acuerdos son un acto de prevaricación grosero a lo que se está presentando un ministerio público en una actitud inmoral, porque si estamos hablando, y para nadie es un secreto que ese es un ministerio público, pues se cambió de carreta cuando vio que llegó un nuevo gobierno, que ese ministerio público fue fiel al partido pasado e ingresó de la mano de ese partido pasado.
Ministerio Público
Indicó que los representantes del Ministerio Público, ahora en un acto de desprecio, en un acto hasta poco ético, hasta poco agradecido si se quiere, se cambia de caballo y hoy entonces le sirve en esta nueva forma de perseguir a los contrarios políticamente desde el Estado para perseguir a los políticos contra ellos.
Persecuciones políticas
“Estos son juicios políticos. Yo no sé por qué se le ha dado un matiz y los propios actores no le han dado un tratamiento de carácter político”.
“Son persecuciones políticas disfrazadas de judicial. Eso es así haya actos cuestionables o no, porque aquí son políticos”.
“La oficina que designe el presidente de la República para que persiga su contrario, entonces es el presidente que está mandando a perseguir a los contrarios. Eso es un asunto lógico”.
Dijo que el doctor, Francisco Álvarez Valdés, fue quien hizo todas esas negociaciones tras asegurar que es muy amigo de la actual procuradora general de la República Miriam German Brito y de la encargada de persecución del Ministerio Público, Yenny Berenice Reynoso.
Indicó que eso es criticable y que es tan malo como lo que se está denunciando y lo que se está persiguiendo.
“Eso no puede seguir, eso hay que anularlo, porque esos son actos de corrupción y estos son peores, porque esto están consciente de lo que están haciendo y lo siguen haciendo”.
“De ese Ministerio Público que se me ha dicho a mí que se quiere que sea independiente, ese es el Ministerio Público que quiere el señor presidente de la República y el consultor jurídico que sea independiente, que eso luego se le va a repetir a ellos, luego se va a repetir la ruleta con ellos”.
Llamó a ser cuidadosos y prudentes con este tipo de cosas, que es contrario totalmente a la ley, contrario al mandato de lo que ha dicho el legislador y que es un engaño a la población.
“Es una estafa procesal lo que ha venido ocurriendo, sobre todo de gente que han vivido predicando toda su vida de que actúan en favor de la moralidad y de la lucha contra la corrupción”.
