ABOGADA EMPLAZA A LA SCJ

Laura Acosta, emplaza al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que el Pleno de dicho organismo decida sobre recusación de 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La jurista quien fuera representante del Estado en la recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas, y enfrenta junto a otros abogados a la misma gente por la usurpación de la propiedad de las familias Mayol y Serrano.
La abogada Laura Acosta, emplazó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Doctor Luis Henry Molina, para que haga posible que el Pleno de dicho organismo decida sobre la recusación presentada en contra de los 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la sociedad Global Multibusiness Corporation, representada por Rafael Helena Regalado; acción ejecutada con el fin de obstaculizar que pueda ser conocido el recurso de apelación interpuesto con la sentencia que excluyó del proceso a las verdaderas víctimas, a saber las querellantes: Hilari Mayo, Mayol & Compañía, Okra Company y Grand Cays.
“El principal cómplice de la justicia es la justicia, expresó, añadiendo “porque si la ley dice que debe fallarse en 3 días, porque la Suprema dura 60 días para fijar, sin ponerlo en la agenda del pleno”, precisó Acosta en su comparecencia al programa “Cada Más Cerca con Kalil desde la Z», que dirige Kalil Michel por la Z 101.3 FM, para la ocasión acompañado de la comunicadora Susana Gautreau, quien representa a la Sociedad Comercial Okra Company LTD, una de las víctimas del fraude contra los accionistas de Costa Dorada.
“En este caso la justicia debe cuidarse más, porque una de las imputadas es familiar de la Magistrada María Garabito, jueza de la Sala Penal de la SCJ”. Este caso debería ser tratado de forma más expedita, porque puede poner en duda la actuación de la magistrada, a quien consideramos una persona honesta.
Siguió refiriendo: “Este caso adquiere un interés público por la gravedad del hecho y lo que significa para el derecho de propiedad. No podemos pasarnos haciendo discursitos. Si a las víctimas no se les devuelve su compañía, siendo personas de importancia social, qué será del común de la gente”.
A su entender también hay alguien en el registro mercantil que hizo posible que asambleas de hace 40 años “supuestamente” hechas a computadora (no existían en ese tiempo las computadoras) se aceptaran, y no se les preguntara a las personas que aparecen allí como vendedoras.
Continuó declarando: “Debemos exigir a la justicia entender las consecuencias de esos errores y de ese tiempo de la mora judicial. Todos los 7 de enero los presidentes de la SCJ hablan de mora, pero, esa mora de días incluso puede quitar el derecho a una persona.
Fustigó el hecho de que el pleno tarde meses en fallar una recusación que debe ser fallada en 3 días. Afirmó: “No puede ser que una recusación de mayo se falle en noviembre y luego hacemos discursos sobre la mora”.
Siguió expresando: “El lugar en que más tiempo duran los expedientes es en la Suprema”. También indicó que no se sabe cuándo se reúne el pleno y criticó el hecho de que los jueces de paz y de primera instancia, trabajando en malas condiciones produzcan fallos continuamente, mientras que, los jueces de la SCJ, en aire acondicionado, en un edificio con mármol, con ascensores particulares, café, etc., no puedan fallar y decidir.
En relación con el caso expresó que la prontitud de los procesos de constitución de las empresas, tipo ventanilla única de la Cámara de Comercio, no puede afectar la seguridad jurídica, porque no puede ser que en 24 horas constituyamos una empresa, pero luego tengamos un tema de falsedad que nos lleva a durar 7 u 8 años en un tribunal reclamando derechos.
Les recordó a los jueces de la SCJ que la recusación es el mejor mecanismo para desapoderar un juez y colocar en un limbo los expedientes. Para a seguidas decir con firmeza: “Si lo saben los jueces, porque no las fallan de inmediato (en referencia a las recusaciones). Agregó, “desde ese momento se hacen cómplices de la chicana”. El problema principal en este caso es que la justicia está siendo cómplice de la chicana.
La Suprema debiera llamarse Supremo Limbo de Justicia, esa es la realidad, le guste o no le guste.
Prosiguió: “Quienes nos dirigen tiene un discurso sobre la base de gente que nunca ha sudado una toga y no saben cómo es estar en los bancos del Palacio de Justicia. Aterricen para ver con qué están lidiando. Si no hay seguridad jurídica, el merengue no es suficiente para la inversión”.
Global Multibusiness es reincidente, estuvo en el caso Bahía de las Águilas y está re-litigando Bahía de las Águilas, porque no hay régimen de consecuencia. Esta misma gente tiene una litis en Barahona donde exige al Estado Dominicano que le paguen sus tierras de Bahía de las Águilas. Se preguntó: ¿Cuándo lo van a parar? Si se intentaron coger el 1% del territorio de la República, qué significa coger la tierra de los Mayol y los Serrano.
Se recuerda que, con respecto a este caso, la Corte de Apelación, el 20 de abril de 2023 declaró «admisibles» los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y las empresas afectadas. Pero, la defensa, ante esta situación, interpuso un recurso de oposición al auto de admisibilidad, logrando el aplazamiento de la audiencia por casi dos meses. Luego de ese aplazamiento se han producido otros, por ausencia de los abogados, alegando enfermedad y luego, al haber presentado dos recusaciones, una contra la primera sala en pleno de la Corte de Apelación y otra, contra las 3 salas y el presidente de dicho organismo.
Acosta Lora recordó que la propiedad reclamada fue adquirida en 1967 por el empresario Juan Mayol Garrido, quien en julio de 1976 constituyó la sociedad comercial Costa Dorada, dueña de los terrenos. Al año siguiente de la constitución de la compañía, el día 5 de agosto del año 1977, Mayol Garrido vendió a los hermanos Serrano el 50% de las acciones de Costa Dorada
Explicó que el fraude fue detectado a partir de 2013 cuando los abogados de las familias Mayol y Serrano procuraban actualizar la empresa y se encuentran que su empresa está a nombre de otra persona, Luis Minervino, a quien demandan en nulidad y en el conocimiento de la demanda civil se presentan unos abogados que depositan un acta de defunción del señor Luis Américo Minervino y luego aparece una venta de otras persona, entre ellas la Global Multibusiness Corporation, representada por el abogado Rafael Helena Regalado. El depósito del acta de defunción en audiencia lo hace el Dr. Ricardo Soto Subero, que es accionista de Global y que es coronel de una de las instituciones del Estado, al igual que su hija, Ailec Soto Garabito. Esa venta fue hecha luego de muerto el señor Luis Américo Minervino.
Expreso que ya el solo hecho de que se firmara con un muerto debió ser suficiente para que estuvieran presos sus autores, pero, la justicia dominicana es un viacrucis.