CIUDADANO TEME POR SU VIDA ANTE DILACIÓN JUDICIAL EN CASO DE INTENTO DE ASESINATO EN HIGÜEY

Por eldekano.com

Santo Domingo, R.D. – El señor Joel de Jesús Rodríguez Durán, víctima de un intento de asesinato ocurrido en la provincia La Altagracia (Higüey), ha expresado públicamente su profunda preocupación por el retardo injustificado en el conocimiento del proceso judicial que involucra a los responsables del atentado en su contra.

Los hechos ocurrieron cuando varios individuos, portando armas largas (fusiles), intentaron asesinarlo mientras transitaba en su camioneta, disparando a matar de forma deliberada. Gracias a circunstancias providenciales, el señor Rodríguez Durán logró sobrevivir, aunque con secuelas psicológicas y un estado de alerta constante ante nuevas amenazas.

Los imputados de este hecho, identificados como:
• Estarlin Rikerlvin Vilorio
.Orlando Cedeño Acosta (a) Ligth,
• Reyme Yoan Eusebio Cedeño,
• Omar Antonio de la Cruz Veras,
• Pedro Vallejo González,
• Neifis Neftalís Núñez Espinal (a) El Sobrino,

se encuentran actualmente recluidos en la cárcel de Anamuya. Sin embargo, a pesar de que el expediente No. 187-1-2023-EPEN-00474 está debidamente constituido y con todas las piezas procesales en regla, el proceso ha sido objeto de reiteradas maniobras dilatorias, impidiendo la celebración oportuna de audiencia y la administración efectiva de justicia.

El señor Rodríguez Durán ha denunciado que, tras sobrevivir al atentado, ha recibido nuevas amenazas directas contra su vida, lo que agrava su situación y refuerza el sentimiento de abandono institucional. Teme que, si no se actúa con rapidez y firmeza, su vida corra un riesgo inminente.

Este caso constituye no solo un atentado contra la vida de un ciudadano, sino también una afrenta a todo el sistema de justicia y al principio constitucional de tutela judicial efectiva. El clamor de Joel de Jesús Rodríguez Durán es simple y legítimo: que se celebre el juicio, que se imponga justicia y que se le proteja como víctima de un hecho criminal grave.

Solicitamos encarecidamente a las autoridades judiciales competentes en la provincia La Altagracia, al Ministerio Público y a la Inspectoría del Poder Judicial, que presten atención urgente a este proceso, se evite la impunidad y se garanticen los derechos fundamentales del ciudadano amenazado.

En nombre de la verdad, de la legalidad y del derecho a la vida, este caso no puede seguir esperando.